Johan Rodríguez Perozo (*)
Al igual que en otras épocas y latitudes en el mundo, el
periodismo venezolano ofrece una actitud firme e indeclinable, frente al neo
autoritarismo criollo.
Se puede afirmar sin temor a equívocos, que el periodismo como
profesión, es hoy una de las actividades más “invadidas” por atacantes de
diversa procedencia. En Europa y otras latitudes del mundo, se debate acerca de
la pertinencia, vigencia y razón de ser de las Escuelas de Periodismo. Hay,
incluso, quienes abogan por su eliminación. Quizás sea ese un estimulante para
personas sin el más elemental conocimiento, acerca del tratamiento de la
información en el plano técnico y profesional, quienes invaden sin limitaciones
ni complejos, el ámbito de competencia profesional de los comunicadores
sociales desde distintos ángulos. Pareciera un lugar común el desempeño como
periodistas, de personas de otras profesiones sin ningún tipo de atributo
relacionado con el periodismo, la usurpación sin contemplación alguna el
ejercicio del periodismo. Si Venezuela fuera un país donde se cumplen las
leyes, nadie incurriría en el ejercicio ilegal de una actividad saturada por la
sin razón de muchos.
El periodismo tiene, entre otras, una responsabilidad histórica:
la permanente confrontación con el poder. Por ello el periodismo es, de manera
intrínseca, contrapoder. Es además esencialmente, contraloría del ejercicio y
el manejo de los asuntos públicos. Es también la voz de quienes no la 2tienen, de
los ciudadanos y habitantes de un país marginados de la dinámica contextual
política, económica y social de la sociedad en la cual existen. En ese sentido,
el periodismo y los periodistas, suelen ser la primera baja en las “guerras”
por el poder en diferentes ámbitos. El periodismo se debate y combate en medio
de la complejidad relacional del mundo de la política, los partidos y sus
líderes en la dinámica donde resaltan las más crudas pasiones en la lucha por
el poder. Le afecta también todo cuanto atañe a la realidad del mundo
empresarial, el ámbito financiero y de los grandes negociados en su relación
con el poder y el manejo de los asuntos públicos y de Estado. El periodismo
convive diariamente con la realidad de tener que reflejar las necesidades y
vicisitudes de la inmensa mayoría de la sociedad.
En ambientes de conflicto político y social, donde reina de
manera plácida la intolerancia, el periodista de hoy debe enfrentar también
otro tipo de reto, la preservación de su propia integridad física. Sea por
causa de persecuciones políticas, bien en regímenes dictatoriales o de
orientación autoritaria, como sin duda lo es el que detenta el poder en
Venezuela y en otros países del mundo. Sea por conflictos de otra índole, como
la amenaza permanente de la guerrilla colombiana, el poder del narcotráfico internacional
o las maras centroamericanas, el periodista de hoy corre graves riesgos en el
desempeño de sus funciones y su profesión. Las noticias acerca de periodistas
asesinados en México, Centroamérica, en Brasil, Colombia y otras latitudes del
mundo, se han convertido en moneda de uso corriente. Las denuncias formuladas
por las diversas organizaciones que agrupan a los periodistas profesionales,
llueven por montones sobre las mesas y escritorios de la burocracia internacional,
así como de los diferentes órganos de justicia, esperando la resolución de
centenas de casos violatorios de la integridad profesional de los comunicadores
sociales en ejercicio.
En Venezuela cada vez se hace más difícil el ejercicio del
periodismo. El régimen de turno, de manera frenética y compulsiva, intenta
imponer un esquema de corte comunista, pasando por encima del marco legal vigente
en el país. Uno de los sectores más afectados por tal situación es,
precisamente, el periodismo. La elaboración de leyes irregulares, la creación
de instancias decisoras y administradoras del espectro radioeléctrico, la
aplicación de decisiones confiscatorias de bienes y equipos a canales de
televisión y emisoras de radio, el control partidista en el otorgamiento de
concesiones asociadas al proyecto político del régimen, el uso de instancias
judiciales y administrativas para perseguir, sancionar y encarcelar a personas
vinculadas con los medios de comunicación, la colonización del espacio público
para imponer su ideología, la generación de más desempleo en el ámbito del
periodismo, la reducción evidente de espacios y calidad de información
destinada al público, el uso de la infraestructura televisiva, radial y
presupuestaria del Estado, en favor del proyecto político oficial, constituyen
la más grosera y aberrante actuación de régimen alguno, en el uso corrupto e
ilegal de los recursos públicos, sin que ello conlleve sanción alguna de parte
de quienes están obligados a controlar el ejercicio de la función pública.
(*) @johanperozo
